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El 21 de marzo Móstoles vivió una jornada de lucha por la Sanidad Pública en Móstoles. Se realizaron dos actos cuya finalidad era tanto concienciar a la ciudadanía sobre la necesidad de mantener una sanidad plenamente pública, gratuita y de calidad como también denunciar los planes nada ocultos de privatización planteados por la administración madrileña al albur de la Ley Orgánica 15/97 aprobada por los grandes grupos parlamentarios y asumido por las centrales sindicales de este país.

Rodea el hospital.

El primer acto consistió en la repetición del Rodea el Hospital. Cientos de vecinos entrelazaron sus manos y ocuparon el diámetro del centro hospitalario mostoleño, el único verdaderamente público de la localidad en un acto festivo pero reivindicativo en el que se sumaron el personal del hospital, usuarios del mismo y miembros de los colectivos sociales más activos del municipio como el Sindicato Asambleario de Sanidad (SAS), la Asamblea de Móstoles 15M, la Asamblea Popular en Defensa de los Servicios Públicos de Móstoles y La Casika. Esta acción intentó ser torpedeada por la dirección del Hospital y por Delegación de Gobierno, que no accedió al permiso solicitado por los convocantes para ejecutar la acción. Pese a esta negativa, convocantes y convocados recurrieron a la desobediencia civil y efectuaron la acción con la complicidad de los viandantes y usuarios del hospital. Asimismo, el acto culminó con la recogida de alimentos destinados a abastecer al Comedor Social Beato Simón de Rojas en un momento en el que éste se ve desbordado ante las penurias que una parte significativa de la vecindad mostoleña padece y como respuesta a la escasa implicación del Ayuntamiento de Móstoles en el cuidado de los vecinos más necesitados.

Charla de la Coordinadora Antiprivatización de la Sanidad.

A continuación, la Asociación Cultural Lapiceros de Colores (Plaza del Turia 2, local 7; Metrosur: Hospital de Móstoles) acogió una charla-debate titulada “La privatización de la Sanidad Pública y sus efectos sobre la salud de los pacientes” convocada por la Asamblea Popular en Defensa de los Servicios Públicos de Móstoles. El ponente fue Ángel Navarro, miembro fundador de CAS (la Coordinadora Anti-Privatización de la Sanidad) y versó sobre las implicaciones que los planes vigentes del PP de la Comunidad de Madrid y del Gobierno central tendrán para la salud de todos los madrileños y madrileñas. Ángel Navarro diseccionó a través de su exhaustiva ponencia como la externacionalización de la gestión hospitalaria solo atiende a un principio básico: la maximización del beneficio en detrimento de la atención personalizada e íntegra que la población requiere. En consecuencia, CAPIO –que gestiona el Hospital Rey Juan Carlos de Móstoles y otros tantos en la Comunidad de Madrid– y demás corporaciones enfocadas al negocio médico realizan prácticas de selección de pacientes y de discriminación asociadas en torno a este único principio.

Desde la Asamblea Popular en Defensa de los Servicios Públicos de Móstoles, se nos ha proporcionado este bosquejo de la intervención de Ángel Navarro:

El ponente comenzó su intervención aludiendo al origen del actual proceso privatizador. Éste se encuentra lejos  y se puede argüir que comenzó con el famoso informe Abril Martorell, encargado por Felipe González en el año 1991. Martorell, famoso banquero fascista, elaboró las líneas maestras que debía seguir la sanidad en sus posteriores reformas. Todas las recomendaciones incluidas en su famoso informe han sido llevadas a la práctica excepto dos, que están por desarrollarse. En el informe se conminaba al cambio en el régimen jurídico de los centros sanitarios (de públicos a privados con financiación pública), que debería haber competencia entre áreas sanitarias mas grandes con inclusión de los centros privados (Área Única en Madrid), y que había que introducir el copago en la asistencia y en los medicamentos. Una de las dos recomendaciones todavía no llevadas a la práctica era la de incluir a los mayores de 75 años en un régimen sanitario diferenciado (es decir, una especie de residencias hospitalizadas al mínimo y ejemplificadas en el reciente proyecto abortado de La Princesa en Madrid). La otra elaborar un catálogo de prestaciones básicas cubiertas y el resto sería mediante copago o pago (Ya están en ello).

El siguiente paso, de acuerdo al relato de Navarro, en el proceso de reforma-privatización vino dado por la aprobación de la famosa ley 15/1997, aprobada por el gobierno Aznar, con el apoyo de PSOE, CiU, PNV y CC, y con los votos en contra de BNG y IU. Esta ley de un sólo artículo indica que la asistencia sanitaria pública podrá ser dada por cualquier entidad admitida en derecho, o sea por cualquier empresa. Esta ley fue bienvenida para los sindicatos mayoritarios CCOO y UGT. Hasta los dirigentes del PSOE estimaron que su promulgación cerraba la puerta a la privatización.

Con dicha ley se abre en Alzira, en la Comunidad Valenciana, el primer centro privado que da asistencia sanitaria pública. Este hospital, que tuvo que ser rescatado financieramente al cabo de un año, fue cedido a la empresa Ribera Salud mediante un nuevo contrato a través del cual se establecía la posibilidad de obtener beneficios significativos en contraposición con el primer contrato fallido. A la misma empresa le fueron concedidos en dicha Comunidad otros cinco hospitales posteriormente.

En la Comunidad de Madrid, el proceso comienza con la elección, tras el tamayazo, de Esperanza Aguirre. Ésta elaboró la LOSCAM (La Ley de Ordenación Sanitaria de la CAM) en 2003 y que definió la Red Sanitaria Única de Madrid, que comprende a todos los centros sanitarios establecidos en Madrid, sean públicos o privados. Esta medida ha supuesto en la práctica una desviación impresionante de la asistencia sanitaria a centros privados, vía conciertos, y que ha supuesto que una cantidad importantísima de los fondos de los presupuestos sanitarios de la CAM se han trasvasado a la empresa privada.

Con ambas leyes, la Comunidad de Madrid comienza la contratación de 6 nuevos hospitales. Cinco bajo la forma PFI, es decir, que una empresa se hace cargo de la construcción y gestión del hospital y la sanidad pública pone los médicos y las enfermeras exclusivamente. El restante, el de Valdemoro, es totalmente privado. Los cálculos hechos sobre su coste estiman que son 7 veces más caros que si hubieran sido creados y administrados directamente por la administración pública. Asimismo, Navarro destacó que el actual dirigente del PSOE en Madrid Tomás Gómez considerara entonces una gran victoria propia que el gobierno de Aguirre instalase en el municipio de Parla, que entonces gobernaba, un hospital privatizado. De acuerdo al relato del ponente, es en aquel momento cuando se creó CAS Madrid con el objeto de evitar este proceso privatizador y ante el no cuestionamiento que se le hizo por parte de ninguna estructura. De hecho, los sindicatos mayoritarios en Madrid, entre ellos CC.OO y UGT, decidieron firmar un acuerdo de paz social de cinco años con el Consejero de Sanidad que les impedía convocar huelgas generales a la vez que se inflaban de prebendas a dichos sindicatos (locales, horas sindicales, cursos, etc.).

Por otro lado las remuneraciones del personal sanitario especialmente médicos y enfermeras se inflan de manera considerable.

De acuerdo a Navarro, sobre la calidad sanitaria hay poca discusión aunque, en un discurso lleno de mentiras, digan que ofrecen una calidad sanitaria igual a la pública sólo que por menos dinero. El problema es entenderlo cuando son empresas que funcionan exclusivamente para la obtención de beneficios, y que a ello se dedican fundamentalmente. Sobre ello comentar que recientemente el primer ministro británico David Cameron pidió públicamente disculpas por las miles de personas cuyas muertes eran evitables, aparte de las vejaciones sufridas por decenas de miles de pacientes en este tipo de hospitales privatizados según el modelo PFI. Esta es una realidad que muchos estudios internacionales han constatado en este tipo de hospitales privados.

Sin embargo, sí que se constata que estos hospitales privatizados ofrecen muchos beneficios y convierten el sector de la sanidad en un sector económico básico donde invertir los inmensos excedentes de capital que existen en la actualidad. Todo ello a pesar de que con todas las deficiencias del sistema nacional público, la Sanidad a nivel del estado era de las más eficientes del mundo mediante un análisis de su coste-beneficio.

Con el objeto de favorecer este negocio y, con ello, degradar la Sanidad Pública, se han seguido diferentes métodos por parte de las administraciones. Por una parte se han cerrado camas en grandes hospitales, que daban una calidad médica alta, en beneficio de estos pequeños hospitales (dotados con una media de 200-250 camas) que sólo tratan enfermedades con una baja cualificación médica y con procesos de enfermos jóvenes y de poca ocupación hospitalaria, derivando a pacientes crónicos y ancianos hacia los restos de la sanidad pública. En atención a esta política de selección de “clientes”, estos nuevos hospitales han publicitado su bajo coste sanitario en comparación con los tradicionales. En estos nuevos centros se emplea hasta un 30% menos de personal. Numerosos estudios han demostrado que menos enfermeras significan más muertes, y lo mismo sucede con la privatización de los servicios de limpieza, con la reducción del número de auxiliares etc. Asimismo, se está produciendo un desvío de pacientes con procesos sanitarios rentables de los centros tradicionales (es decir, en donde el coste de su atención implica un gran beneficio para las empresas) hacia estos privatizados a través de infraestructuras de gestión sanitaria creadas a propósito (en Madrid a través de una agencia privada call center que desvía a los pacientes en función de la rentabilidad de su proceso).

El siguiente paso en la implantación del modelo fue el RD 16/2012 de la CAM. Este decreto supone tanto la implantación del copago farmacéutico como el cambio en la definición de las personas que tienen derecho a asistencia sanitaria pública, pasando del derecho por ser ciudadano, al derecho por estar asegurado (una legislación que abre la puerta a la necesidad de suscribir pólizas privadas para tener derecho a determinadas prestaciones que serán excluidas de la sanidad pública). Como consecuencia, ha supuesto como primer paso, la desaparición de la asistencia sanitaria a las personas sin papeles, dejando a un amplio sector de emigrantes en la más pura indefensión ante la enfermedad. En consonancia con esta medida, en la ley de acompañamiento de los presupuestos de la Comunidad de Madrid para 2013 se planea la privatización absoluta de los hospitales modelo PFI citados anteriormente y de 27 Centros de Salud de la CAM.

La siguiente fase en el modelo de destrucción de la sanidad pública fue la disposición de la ley 27/2011 del gobierno de Zapatero de entregar el patrimonio sanitario de la Seguridad Social (todos los hospitales, centros de salud, ambulatorios y centros de urgencias), que pertenece a todos los ciudadanos, a las CC.AA. para que pudieran hacer con ellos lo que quisieran (es decir, venderlos a empresas privadas).

De acuerdo a la lectura crítica de la Coordinadora Antiprivatización de la Sanidad, este plan para privatizar la sanidad pública, un derecho conseguido a través de la lucha de los trabajadores durante decenios, no puede entenderse sin la traición de las organizaciones políticas de la izquierda institucional, que han obtenido grandes beneficios económicos en un entorno de corrupción inimaginable (donde hasta los cargos políticos pasaban a las empresas que habían privatizado, etc.). De este modo, este modelo ha sido puesto en práctica en todas las CC.AA. en las que han gobernado como Cataluña, Baleares, Andalucía, etc.

En correspondencia con su inacción, estas organizaciones de la izquierda institucional no han actuado conforme el deterioro de la atención sanitaria y la privatización han afectado exclusivamente a los pacientes. Solo lo han empezado a hacer cuando las medidas han afectado a la estabilidad, el prestigio y los ingresos de los trabajadores sanitarios. Es en este momento cuando han llamado a los trabajadores a movilizarse, si bien dejando en un lugar secundario lo que debería ser el eje de lucha: la privatización de la sanidad, y su conversión en una mercancía más de la que obtener beneficios.

Por otro lado el ponente destacó el desclasamiento sufrido por la clase trabajadora durante la etapa neoliberal que vivimos. Se ha hecho creer que no éramos trabajadores sino consumidores de clase media, con su correlato de individualismo, egoísmo y desprecio de los que criticaban y auguraban esta deriva hacia el abismo.

Como comenzó diciendo Ángel Navarro, las cifras dadas por Cáritas no dejan lugar a engaños en la valoración de la situación actual. Actualmente 10 millones de personas viven en un escenario de pobreza relativa, es decir, casi la cuarta parte de la población del país. Asimismo, otros 3 millones se encuadran en la pobreza absoluta.

El problema es que la sanidad no es algo diferente, dentro del proceso de saqueo económico capitalista de la clase trabajadora (a través de su salario y de su salario diferido, es decir, de los servicios sociales) que nos está llevando a la barbarie.

Como conclusión, Ángel Navarro sostuvo que la única solución, la única salida, pasa por acabar con un sistema capitalista, un sistema genocida, en donde ante un escenario en el que sobran trabajadores, se les envía a la miseria y a la muerte, al igual que ha hecho siempre con los del resto del mundo.

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Video de la Charla.

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