Jornada por la Sanidad Pública en Móstoles

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El 21 de marzo Móstoles vivió una jornada de lucha por la Sanidad Pública en Móstoles. Se realizaron dos actos cuya finalidad era tanto concienciar a la ciudadanía sobre la necesidad de mantener una sanidad plenamente pública, gratuita y de calidad como también denunciar los planes nada ocultos de privatización planteados por la administración madrileña al albur de la Ley Orgánica 15/97 aprobada por los grandes grupos parlamentarios y asumido por las centrales sindicales de este país.

Rodea el hospital.

El primer acto consistió en la repetición del Rodea el Hospital. Cientos de vecinos entrelazaron sus manos y ocuparon el diámetro del centro hospitalario mostoleño, el único verdaderamente público de la localidad en un acto festivo pero reivindicativo en el que se sumaron el personal del hospital, usuarios del mismo y miembros de los colectivos sociales más activos del municipio como el Sindicato Asambleario de Sanidad (SAS), la Asamblea de Móstoles 15M, la Asamblea Popular en Defensa de los Servicios Públicos de Móstoles y La Casika. Esta acción intentó ser torpedeada por la dirección del Hospital y por Delegación de Gobierno, que no accedió al permiso solicitado por los convocantes para ejecutar la acción. Pese a esta negativa, convocantes y convocados recurrieron a la desobediencia civil y efectuaron la acción con la complicidad de los viandantes y usuarios del hospital. Asimismo, el acto culminó con la recogida de alimentos destinados a abastecer al Comedor Social Beato Simón de Rojas en un momento en el que éste se ve desbordado ante las penurias que una parte significativa de la vecindad mostoleña padece y como respuesta a la escasa implicación del Ayuntamiento de Móstoles en el cuidado de los vecinos más necesitados.

Charla de la Coordinadora Antiprivatización de la Sanidad.

A continuación, la Asociación Cultural Lapiceros de Colores (Plaza del Turia 2, local 7; Metrosur: Hospital de Móstoles) acogió una charla-debate titulada “La privatización de la Sanidad Pública y sus efectos sobre la salud de los pacientes” convocada por la Asamblea Popular en Defensa de los Servicios Públicos de Móstoles. El ponente fue Ángel Navarro, miembro fundador de CAS (la Coordinadora Anti-Privatización de la Sanidad) y versó sobre las implicaciones que los planes vigentes del PP de la Comunidad de Madrid y del Gobierno central tendrán para la salud de todos los madrileños y madrileñas. Ángel Navarro diseccionó a través de su exhaustiva ponencia como la externacionalización de la gestión hospitalaria solo atiende a un principio básico: la maximización del beneficio en detrimento de la atención personalizada e íntegra que la población requiere. En consecuencia, CAPIO –que gestiona el Hospital Rey Juan Carlos de Móstoles y otros tantos en la Comunidad de Madrid– y demás corporaciones enfocadas al negocio médico realizan prácticas de selección de pacientes y de discriminación asociadas en torno a este único principio.

Desde la Asamblea Popular en Defensa de los Servicios Públicos de Móstoles, se nos ha proporcionado este bosquejo de la intervención de Ángel Navarro:

El ponente comenzó su intervención aludiendo al origen del actual proceso privatizador. Éste se encuentra lejos  y se puede argüir que comenzó con el famoso informe Abril Martorell, encargado por Felipe González en el año 1991. Martorell, famoso banquero fascista, elaboró las líneas maestras que debía seguir la sanidad en sus posteriores reformas. Todas las recomendaciones incluidas en su famoso informe han sido llevadas a la práctica excepto dos, que están por desarrollarse. En el informe se conminaba al cambio en el régimen jurídico de los centros sanitarios (de públicos a privados con financiación pública), que debería haber competencia entre áreas sanitarias mas grandes con inclusión de los centros privados (Área Única en Madrid), y que había que introducir el copago en la asistencia y en los medicamentos. Una de las dos recomendaciones todavía no llevadas a la práctica era la de incluir a los mayores de 75 años en un régimen sanitario diferenciado (es decir, una especie de residencias hospitalizadas al mínimo y ejemplificadas en el reciente proyecto abortado de La Princesa en Madrid). La otra elaborar un catálogo de prestaciones básicas cubiertas y el resto sería mediante copago o pago (Ya están en ello).

El siguiente paso, de acuerdo al relato de Navarro, en el proceso de reforma-privatización vino dado por la aprobación de la famosa ley 15/1997, aprobada por el gobierno Aznar, con el apoyo de PSOE, CiU, PNV y CC, y con los votos en contra de BNG y IU. Esta ley de un sólo artículo indica que la asistencia sanitaria pública podrá ser dada por cualquier entidad admitida en derecho, o sea por cualquier empresa. Esta ley fue bienvenida para los sindicatos mayoritarios CCOO y UGT. Hasta los dirigentes del PSOE estimaron que su promulgación cerraba la puerta a la privatización.

Con dicha ley se abre en Alzira, en la Comunidad Valenciana, el primer centro privado que da asistencia sanitaria pública. Este hospital, que tuvo que ser rescatado financieramente al cabo de un año, fue cedido a la empresa Ribera Salud mediante un nuevo contrato a través del cual se establecía la posibilidad de obtener beneficios significativos en contraposición con el primer contrato fallido. A la misma empresa le fueron concedidos en dicha Comunidad otros cinco hospitales posteriormente.

En la Comunidad de Madrid, el proceso comienza con la elección, tras el tamayazo, de Esperanza Aguirre. Ésta elaboró la LOSCAM (La Ley de Ordenación Sanitaria de la CAM) en 2003 y que definió la Red Sanitaria Única de Madrid, que comprende a todos los centros sanitarios establecidos en Madrid, sean públicos o privados. Esta medida ha supuesto en la práctica una desviación impresionante de la asistencia sanitaria a centros privados, vía conciertos, y que ha supuesto que una cantidad importantísima de los fondos de los presupuestos sanitarios de la CAM se han trasvasado a la empresa privada.

Con ambas leyes, la Comunidad de Madrid comienza la contratación de 6 nuevos hospitales. Cinco bajo la forma PFI, es decir, que una empresa se hace cargo de la construcción y gestión del hospital y la sanidad pública pone los médicos y las enfermeras exclusivamente. El restante, el de Valdemoro, es totalmente privado. Los cálculos hechos sobre su coste estiman que son 7 veces más caros que si hubieran sido creados y administrados directamente por la administración pública. Asimismo, Navarro destacó que el actual dirigente del PSOE en Madrid Tomás Gómez considerara entonces una gran victoria propia que el gobierno de Aguirre instalase en el municipio de Parla, que entonces gobernaba, un hospital privatizado. De acuerdo al relato del ponente, es en aquel momento cuando se creó CAS Madrid con el objeto de evitar este proceso privatizador y ante el no cuestionamiento que se le hizo por parte de ninguna estructura. De hecho, los sindicatos mayoritarios en Madrid, entre ellos CC.OO y UGT, decidieron firmar un acuerdo de paz social de cinco años con el Consejero de Sanidad que les impedía convocar huelgas generales a la vez que se inflaban de prebendas a dichos sindicatos (locales, horas sindicales, cursos, etc.).

Por otro lado las remuneraciones del personal sanitario especialmente médicos y enfermeras se inflan de manera considerable.

De acuerdo a Navarro, sobre la calidad sanitaria hay poca discusión aunque, en un discurso lleno de mentiras, digan que ofrecen una calidad sanitaria igual a la pública sólo que por menos dinero. El problema es entenderlo cuando son empresas que funcionan exclusivamente para la obtención de beneficios, y que a ello se dedican fundamentalmente. Sobre ello comentar que recientemente el primer ministro británico David Cameron pidió públicamente disculpas por las miles de personas cuyas muertes eran evitables, aparte de las vejaciones sufridas por decenas de miles de pacientes en este tipo de hospitales privatizados según el modelo PFI. Esta es una realidad que muchos estudios internacionales han constatado en este tipo de hospitales privados.

Sin embargo, sí que se constata que estos hospitales privatizados ofrecen muchos beneficios y convierten el sector de la sanidad en un sector económico básico donde invertir los inmensos excedentes de capital que existen en la actualidad. Todo ello a pesar de que con todas las deficiencias del sistema nacional público, la Sanidad a nivel del estado era de las más eficientes del mundo mediante un análisis de su coste-beneficio.

Con el objeto de favorecer este negocio y, con ello, degradar la Sanidad Pública, se han seguido diferentes métodos por parte de las administraciones. Por una parte se han cerrado camas en grandes hospitales, que daban una calidad médica alta, en beneficio de estos pequeños hospitales (dotados con una media de 200-250 camas) que sólo tratan enfermedades con una baja cualificación médica y con procesos de enfermos jóvenes y de poca ocupación hospitalaria, derivando a pacientes crónicos y ancianos hacia los restos de la sanidad pública. En atención a esta política de selección de “clientes”, estos nuevos hospitales han publicitado su bajo coste sanitario en comparación con los tradicionales. En estos nuevos centros se emplea hasta un 30% menos de personal. Numerosos estudios han demostrado que menos enfermeras significan más muertes, y lo mismo sucede con la privatización de los servicios de limpieza, con la reducción del número de auxiliares etc. Asimismo, se está produciendo un desvío de pacientes con procesos sanitarios rentables de los centros tradicionales (es decir, en donde el coste de su atención implica un gran beneficio para las empresas) hacia estos privatizados a través de infraestructuras de gestión sanitaria creadas a propósito (en Madrid a través de una agencia privada call center que desvía a los pacientes en función de la rentabilidad de su proceso).

El siguiente paso en la implantación del modelo fue el RD 16/2012 de la CAM. Este decreto supone tanto la implantación del copago farmacéutico como el cambio en la definición de las personas que tienen derecho a asistencia sanitaria pública, pasando del derecho por ser ciudadano, al derecho por estar asegurado (una legislación que abre la puerta a la necesidad de suscribir pólizas privadas para tener derecho a determinadas prestaciones que serán excluidas de la sanidad pública). Como consecuencia, ha supuesto como primer paso, la desaparición de la asistencia sanitaria a las personas sin papeles, dejando a un amplio sector de emigrantes en la más pura indefensión ante la enfermedad. En consonancia con esta medida, en la ley de acompañamiento de los presupuestos de la Comunidad de Madrid para 2013 se planea la privatización absoluta de los hospitales modelo PFI citados anteriormente y de 27 Centros de Salud de la CAM.

La siguiente fase en el modelo de destrucción de la sanidad pública fue la disposición de la ley 27/2011 del gobierno de Zapatero de entregar el patrimonio sanitario de la Seguridad Social (todos los hospitales, centros de salud, ambulatorios y centros de urgencias), que pertenece a todos los ciudadanos, a las CC.AA. para que pudieran hacer con ellos lo que quisieran (es decir, venderlos a empresas privadas).

De acuerdo a la lectura crítica de la Coordinadora Antiprivatización de la Sanidad, este plan para privatizar la sanidad pública, un derecho conseguido a través de la lucha de los trabajadores durante decenios, no puede entenderse sin la traición de las organizaciones políticas de la izquierda institucional, que han obtenido grandes beneficios económicos en un entorno de corrupción inimaginable (donde hasta los cargos políticos pasaban a las empresas que habían privatizado, etc.). De este modo, este modelo ha sido puesto en práctica en todas las CC.AA. en las que han gobernado como Cataluña, Baleares, Andalucía, etc.

En correspondencia con su inacción, estas organizaciones de la izquierda institucional no han actuado conforme el deterioro de la atención sanitaria y la privatización han afectado exclusivamente a los pacientes. Solo lo han empezado a hacer cuando las medidas han afectado a la estabilidad, el prestigio y los ingresos de los trabajadores sanitarios. Es en este momento cuando han llamado a los trabajadores a movilizarse, si bien dejando en un lugar secundario lo que debería ser el eje de lucha: la privatización de la sanidad, y su conversión en una mercancía más de la que obtener beneficios.

Por otro lado el ponente destacó el desclasamiento sufrido por la clase trabajadora durante la etapa neoliberal que vivimos. Se ha hecho creer que no éramos trabajadores sino consumidores de clase media, con su correlato de individualismo, egoísmo y desprecio de los que criticaban y auguraban esta deriva hacia el abismo.

Como comenzó diciendo Ángel Navarro, las cifras dadas por Cáritas no dejan lugar a engaños en la valoración de la situación actual. Actualmente 10 millones de personas viven en un escenario de pobreza relativa, es decir, casi la cuarta parte de la población del país. Asimismo, otros 3 millones se encuadran en la pobreza absoluta.

El problema es que la sanidad no es algo diferente, dentro del proceso de saqueo económico capitalista de la clase trabajadora (a través de su salario y de su salario diferido, es decir, de los servicios sociales) que nos está llevando a la barbarie.

Como conclusión, Ángel Navarro sostuvo que la única solución, la única salida, pasa por acabar con un sistema capitalista, un sistema genocida, en donde ante un escenario en el que sobran trabajadores, se les envía a la miseria y a la muerte, al igual que ha hecho siempre con los del resto del mundo.

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Video de la Charla.

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“Colaboradores sociales”, pagados por todos, para limpiar las fachadas de los bancos.

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En la mañana del martes 26 de marzo se han tomado estas fotografías en la Plaza del Pradillo, donde a un grupo de “colaboradoras sociales” se les ha ordenado limpiar la fachada de un banco que desahucia sin escrúpulos.

Resulta gravísima esta actuación del Ayuntamiento de Móstoles, en primer lugar por emplear a estas trabajadoras y trabajadores en tareas que no pueden realizar por ley (estos programas no pueden sustituir trabajos realizados por trabajadores de plantilla) y, en segundo lugar, por emplear recursos municipales de todos en limpiar los cristales de un banco, como si estas entidades no pudiesen asumir los costes de la limpieza de sus cristales.

Una vez más, el dinero de todos puesto al servicio de unos pocos y, una vez más, el Partido Popular en el Ayuntamiento de Móstoles hace una peineta a las leyes que, es mucho suponer, son de aplicación a todos.

El Ayuntamiento de Móstoles contrata como Directora General de Tributos a una interventora denunciada por varios delitos graves.

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El día 20 de marzo ha tomado posesión como Directora General de Gestión Tributaria y Recaudación de Móstoles Dª Isabel Apellaniz, toma de posesión ya de por sí fuera de la legalidad, ya que el Partido Popular de Móstoles incumple, una vez más, la Ley de Presupuestos Generales del Estado aprobada por su mismo partido en el gobierno, ley por la que se prohíbe tajantemente la reposición de puestos de trabajo en todas las administraciones públicas.

Lo más llamativo de este nombramiento es que Dª Isabel Apellaniz, desde ayer nueva Directora General de este ayuntamiento, ha desempeñado hasta ahora el puesto de Interventora en el Ayuntamiento de Santoña (Santander), desempeño por el que está demandada, junto a la ex alcaldesa de la localidad, por prevaricación, tráfico de influencias y negociaciones prohibidas. La denuncia se fundamenta en una auditoría llevada a cabo en el Ayuntamiento de Santoña , de la que se deducen, en opinión de los denunciantes, diversas ilegalidades como la adjudicación de los principales contratos del municipio a una única empresa (ESFER), la asunción con cargo a las arcas públicas de gastos que debían abonar los adjudicatarios de obras, costes de gestión inflados y gastos pagados al margen del presupuesto municipal, entre otras.

El gobierno del PP en Móstoles vuelve a saltarse las leyes cuando se trata de contratar a dedo a sus cargos de confianza y, además, se trae para un puesto con un salario de más de 70.000 € anuales a una persona sobre la que pesan graves acusaciones ante el Tribunal Superior de Justicia de Cantabria.

Más información: http://www.europapress.es/cantabria/noticia-manos-limpias-denuncia-exalcadesa-santona-puerto-gallego-prevaricacion-trafico-influencias-20121204194641.html

Presentación del Proyecto RDIIS

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El pasado 12 de Marzo tuvo lugar en el centro social Rompe el Círculo la presentación de la Red distrital RDIIS, un proyecto de análisis y articulación social de ámbito local que ya se ha puesto en marcha en Hortaleza con excelentes resultados.

Para la presentación se desplazaron hasta Móstoles dos miembros de la coordinadora que lleva adelante este proyecto que pretende ser una herramienta de organización para los movimientos sociales y políticos con la que obtener información de la ciudadanía y, con un recorrido inverso, ofrecer información y participación a la misma. A la hora de recoger información sobre el perfil de las poblaciones con las que trabajamos, se han utilizado instrumentos para el análisis de la realidad como la encuesta, que apoyada en grupos de colaboradores han permitido recoger muestras muy significativas sobre aspectos como la intención de voto, la situación de vulnerabilidad económica, las expectativas de cambio o los ejes políticos en los que se mueve un determinado sector de la ciudadanía como por ejemplo la población en situación de desempleo.

Por el contrario, al probar la red para difundir informaciones y convocatorias se recorrió el camino inverso, dejando caer la propuesta desde el grupo organizador a las personas que llevan el trabajo a cada sector, del sector al barrio, del barrio a cada manzana, etc…Con un resultado más que aceptable, una charla sobre la situación de la sanidad el pasado mes de Enero puso a prueba la eficacia de la red. A la misma, acudieron unas 900 personas para sorpresa incluso de los propios convocantes.

El proyecto, empleado en las elecciones Ecuatorianas en la ciudad de Guayaquil por Rafael Correa con magníficos resultados, resulta una herramienta muy útil para unos movimientos sociales que deben afrontar un escenario político caracterizado por la debilidad organizativa de la izquierda en medio de una apabullante crisis del sistema.

“Por primera vez en treinta años” comentó Israel Mogrovejo, sociólogo y uno de los promotores del proyecto, “Estamos en condiciones de crear mayorías sociales. El hundimiento del bipartidismo constituye una posibilidad real a favor de un cambio en clave progresista. Sin embargo, sin un conocimiento concreto de la población, de sus prioridades y valores, la izquierda corre el riesgo de no ser capaz de realizar una propuesta comprensible y asumible por esas nuevas mayorías. Por lo que estas podrían organizarse, como en otros momentos de crisis, alrededor de opciones involucionistas y conservadoras.”

Para afrontar esos retos, se pone en marcha el proyecto REDIIS.

El acto, que fue organizado por un grupo de personas que trabajan en la creación de un espacio de intervención política en clave municipal, sirvió de debate para la adopción del proyecto en Móstoles, lo cual se abordará en los próximos días en las reuniones de este grupo de trabajo.

STOP DESAHUCIOS – MÓSTOLES

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Algunas apreciaciones sobre la sentencia del tribunal de justicia europeo:

Lo fundamental es que queda demostrado que organizar la resistencia y ejercer la desobediencia civil como instrumento de transformación y abandonando sectarismos da sus frutos siempre.

Confirma la sentencia lo que hemos defendido desde el principio, el contrato hipotecario no es de consenso, si no de adhesión, donde una parte impone condiciones a la otra, y por lo tanto se que se pone una pistola en el pecho a los afectados, hay víctimas y verdugos.

La sentencia deja claro que se vulneran sistématicamente derechos fundamentales y constitucionales como el de tutela judicial efectiva, la efectividad del procedimiento, la igualdad de armas, y se genera indefensión al no poder entrar en el fondo del procedimiento ni utilizar medidas cautelares.

Viene el tribunal a ratificar que los intereses de demora aplicados son ilegales además de un robo y que no es aceptable la desproporción en la indemnización aplicada cuando el banco se queda con la casa por una parte de su valor de tasación y además aplica intereses de demora y costas judiciales.

El gobierno y sus voceros que defendían la maravillosa y justa legislación hipotecaria se han tenido que meter la lengua en el culo.

Esta ha sido la primera patada en los cojones a los malos, todavía queda la sentencia que saldrá desde el tribunal de Derechos HUmanos, diciendo claramente que España vulnera sistematicament estos derchos.

Ahora a por la ILP y seguimos. Si se puede.

Móstoles a 14 de Marzo de 2013

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