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LaboralLa lectura detenida de la nueva legislación laboral aprobada por el PP desvela cómo muchos de los derechos laborales logrados a lo largo de décadas desaparecen en beneficio de los poderes económicos.

Ante el crack financiero, los bancos comenzaron a acaparar las ayudas supermillonarias públicas para salvar sus cuentas (nacionalización de las pérdidas), que los gobiernos de los Estados capitalistas les regalaban. Los bancos españoles desde el 2008 han usado ayudas públicas por un valor de 146.000 millones de € (!!!) equivalente al 8,4% del PIB, vaciando las arcas públicas y disparando con ello el alza desmedida del déficit público al aumentar el gasto sobre los ingresos.

Si el erario público se queda sin recursos mediante el regalo de dinero a los bancos y se endeuda, ¿cómo y cuándo se atienden las necesidades sociales? ¿Cómo y cuándo se realizan políticas públicas de desarrollo industrial? Y si el gasto público disminuye, el consumo y la inversión seguirán cayendo y se profundizará el estancamiento de la economía. El consumo sin la contribución clave del Estado caerá, las empresas no invertirán en un mercado en recesión, por lo que el empleo seguirá bajando.

Si se le suma el cierre del crédito por parte del sistema financiero a las empresas y las reformas laborales que desregulan y precarizan el trabajo y reducen la capacidad del consumo de la población, el resultado será la agudización de las consecuencias de la crisis.

Es decir, el objetivo último de las reformas laborales es aumentar los beneficios de las patronales en medio de la fase de depresión económica de la crisis.

En síntesis, éstas son las novedades de la contrarreforma:

  • Introduce la figura del despido libre y gratuito para empresas de menos de 50 trabajadores/as.
  • Discrimina a los trabajadores sin prestación por desempleo en la búsqueda de trabajo.
  •  Abarata el despido generalizando el despido procedente colectivo de 20 días por año al ampliar las causas si hay pérdidas previstas, disminución de ingresos o ventas, haciendo innecesaria la autorización administrativa.
  • Abarata el despido objetivo rebajándolo a procedente (antes improcedente).
  • Facilita de forma individual el despido por absentismo como causa objetiva por bajas con enfermedad leve.
  • Abarata el despido improcedente rebajando la indemnización a 33 días con un tope 24 mensualidades de forma general, suprimiendo además los salarios de tramitación.
  •  Condena a los jóvenes menores de 30 años a la precariedad por la vía de los contratos de aprendizaje y la ampliación de los límites del encadenamiento de los contratos temporales.
  • Introduce las horas extras en los contratos a tiempo parcial precarizando y destruyendo el empleo.
  • Introduce la figura del trabajo gratis a los parados con prestación por desempleo.
  • Introduce modificaciones de las condiciones de trabajo sin necesidad de acuerdo sindical: la distribución irregular de un 5% de la jornada ordinaria, la movilidad funcional y geográfica, la reducción salarial, dejando como única vía posible de reclamación para los trabajadores/as los tribunales de justicia.
  • Elimina la autorización administrativa de los ERE.
  • Al  permitir no aplicar aspectos del convenio e imponiendo la decisión arbitral, se abre la puerta a convenios de empresa con condiciones peores que los de rango superior, dejando sin poder los convenios de sector que son los que protegen a los trabajadores de las PYMEs y eliminan la ultraactividad automática a partir de los 2 años de la finalización de los convenios colectivos.
  • Privatiza las agencias públicas de empleo al permitir que las ETT se conviertan en agencias de colocación.

Fuente: Extractado de Análisis socioeconómico de la reforma laboral 2012, Miguel A. Montes, publicado en www.kaosenlared.net. Puede leerse la versión completa en http://www.kaosenlared.net/component/k2/item/10277-an%C3%A1lisis-socioecon%C3%B3mico-de-la-reforma-laboral-2012.html

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